Código Rojo

● Con el cierre de estas jornadas, el Poder Judicial del Estado de Quintana Roo consolida una política pública orientada a una justicia más humana, incluyente y cercana, que reconoce a la defensoría pública como un pilar esencial para la reinserción social y el respeto pleno a la dignidad de las personas.

Chetumal, Quintana Roo.- El Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, a través del Instituto de Defensoría Pública, concluyó con éxito las Jornadas Integrales de Atención Penitenciaria “Defensoría en Movimiento, Justicia Cercana a la Gente”, una estrategia de alto impacto social que reafirma el compromiso institucional con la defensa de los derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia de las personas privadas de la libertad.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Heyden Cebada Rivas, destacó que estas acciones reflejan una visión de justicia con sentido social, “la justicia debe llegar a todas las personas, sin importar su condición. Con estas jornadas reafirmamos que el acceso a la defensa adecuada es un derecho humano y una herramienta clave para la reinserción social y la construcción de paz en Quintana Roo”.
Durante 2025, se realizaron seis jornadas en los Centros de Reinserción Social de Chetumal, Cancún, Cozumel y Playa del Carmen, así como en el Centro Especializado para Adolescentes, logrando atender a más de mil 500 personas, entre población penitenciaria adulta y adolescentes en proceso de reintegración social.
La directora del Instituto de Defensoría Pública, Claudia Angulo Rojas, subrayó la relevancia de llevar la defensoría directamente a los centros penitenciarios, “defensoría en Movimiento nos permite escuchar, atender y dar respuesta a quienes más lo necesitan. Cada caso atendido representa una oportunidad para restituir derechos, aliviar la carga del sistema penitenciario y fortalecer el tejido social desde la justicia”.
Estas jornadas representaron un ejercicio fundamental para acercar la justicia a uno de los sectores históricamente más vulnerables, mediante asesoría jurídica directa, revisión de expedientes y seguimiento a procesos legales, contribuyendo no solo a la protección de los derechos humanos, sino también a la identificación de casos susceptibles de beneficios legales y de las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios.