Código Rojo

-Personal de la Subsecretaría de Investigación y Vinculación Jurídica de SECOES, capacitó a personas servidoras públicas del SATQ

Cancún.- A unos días de que inicie mayo, mes de la Declaración de Situación Patrimonial y de Interés, en la modalidad de modificación 2023, la Secretaría de la Contraloría realiza diversas acciones de capacitación entre las personas servidoras públicas para cumplir con este compromiso.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 32, señala que todas las personas servidoras públicas deberán presentar, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano Interno de Control su declaración de situación patrimonial y de intereses en los términos previstos.

Asimismo, en el artículo 33 de la citada Ley, se contemplan los plazos para presentarla, correspondiendo al mes de mayo, la Declaración de modificación patrimonial.

En esta primera capacitación, las y los integrantes del Servicio de Administración Tributaria (SATQ) conocieron los elementos necesarios para el llenado y presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses, a través del sistema en línea DeclaranetQRoo.

Cabe mencionar que, el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de la Contraloría implementó el programa de Excelencia en el Servicio Público a través del cual todas las dependencias y entidades deben cumplir con una serie de parámetros para obtener el distintivo de excelencia; uno de ellos es justamente en el tema de Declaración Patrimonial, ya que la institución debe alcanzar el cien por ciento de cumplimiento de esta obligación.

Como lo señala la gobernadora Mara Lezama, a través del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, para lograr la verdadera transformación es necesario cambiar la forma de ver y entender el servicio público para recuperar la confianza de la ciudadanía.

La Declaración Patrimonial permite el registro y seguimiento de la evolución en la situación patrimonial de las personas servidoras públicas, así como vigilar la actuación honesta y transparente de quienes desempeñan un cargo en la administración pública estatal.