Código Rojo

Omar Gómez Trejo renunció a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, que dirigió desde junio 2019, confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La dimisión se hará efectiva a partir de este viernes 30 de septiembre.

La decisión Gómez Trejo ocurre en el marco del octavo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y tras revelarse sus diferencias con su jefe inmediato, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

Dichas diferencias se acentuaron con el desistimiento de 21 órdenes de aprehensión contra militares, y ex funcionarios de alto nivel de Guerrero, lo cual ocurrió mientras él estaba en Israel; así como la filtración de información relevante del caso Ayotzinapa a la prensa.

AMLO afirmó el 27 de septiembre de 2022 que Omar Trejo dejó el cargo por diferencias en ‘los procedimientos para aprobar las ordenes de aprehensión’ del caso Ayotzinapa.

“Él va a dejar el cargo y la Fiscalía va a nombrar otro fiscal. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista”, señaló en conferencia de prensa matutina.

“El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las ordenes de aprehensión. Hubo diferencias en ello, yo apoyo en que hayan sacado las órdenes de acuerdo a lo que establece la investigación”, añadió.

La Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa se creó el 26 de junio de 2019 para investigar, perseguir los delitos y concluir los procesos penales vinculados a la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa, el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Asimismo, tiene a su cargo el conocimiento, trámite y, en su caso, resolución de las averiguaciones previas o carpetas de investigación, procedimientos judiciales y administrativos, medidas precautorias o cautelares, medios de defensa ordinarios o extraordinarios, juicios de amparo, u otros que se encuentren relacionados con el caso.

El fin de semana comenzaron a circular una serie de filtraciones que revelaron datos que originalmente se incluyeron en forma testada en el informe del caso Ayotzinapa que dio a conocer el subsecretario Alejandro Encinas.

Se trata de mensajes de whatsapp que revelan no sólo una presunta relación entre militares, policías, y miembros de la delincuencia organizada, sino también la forma en que éstos habrían ordenado el secuestro, asesinato y desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

En forma paralela también se conoció que la Fiscalía General de la República se desistió de 21 órdenes de aprehensión, de 83 que había obtenido en agosto pasado contra presuntos responsables por la desaparición de los normalistas.

Entre las personas contra las que se desistió la orden de captura, ya obtenidas, fue contra Rafael Hernández Nieto, quien en 2014 era miembro del 41 Batallón de Infantería del Ejército mexicano, ubicado en Iguala, y 15 militares más.

Así como contra Iñaki Blanco, ex fiscal de Guerrero y contra Lambertina Galeana Marín, ex presidenta del Tribunal de Justicia.

Antes, llamó la atención que fueron fiscales de Asuntos Internos de la FGR, y no personal de la Unidad Especial de Litigación del caso Ayotzinapa, quienes sustentaron ante un juez la imputación contra Jesús Murillo Karam, ex procurador General de la República, detenido el 19 de agosto pasado.

De hecho, en la audiencia de imputación el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, acusó de un “un desorden” de los fiscales al presentar el caso y consideró que no iban debidamente preparados para ello.